CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- No se sonrojó el presidente Enrique Peña Nieto al afirmar que México cuenta con un sistema de transparencia “sólido, amplio y robusto”. Se trata de un sofisma discursivo alejado por entero de la realidad. Fue justamente en esta administración donde el sistema de transparencia ha tenido mayores retrocesos. Veamos.
Primero. Gracias a Peña Nieto, la reforma constitucional de 2007, que representó un avance verdadero en esta singular materia, fue desmantelada con una contrarreforma en la que se perdieron: a) Definitividad de las resoluciones del IFAI (ahora INAI); b) se introdujo el concepto jurídico indeterminado de la “seguridad nacional” para que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal controvierta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la eventual apertura de registros públicos, no sólo los del Ejecutivo Federal, sino como ventanilla para representar a las entidades, dependencias y organismos que lo requieran; b) la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ha sido un fracaso, como lo puede comprobar todo el que la quiera utilizar. Peor aún, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que la PNT “estuvo mal hecha y presenta deficiencias e irregularidades en su desarrollo” y, por si lo anterior no fuera suficiente, la ASF detectó “facturas dobles de proveedores, y la propuesta para ganar el contrato de la primera parte del desarrollo de la PNT, por parte de las empresas Intellego SC y Dotted Cloud, superaba el techo presupuestal” (https://www.animalpolitico.com/2017/07/asf-deficiencias-plataforma/). En efecto, quien ha intentado utilizar esa plataforma se encuentra frente al sistema nacional de opacidad. Debo reconocer que el antiguo sistema denominado SISI de Ricardo Becerra era sustancialmente mejor.
Segundo. La vinculación partidista en el actual INAI rompió la mínima de las formas: su primera presidenta, Ximena Puente, ni se despidió de sus compañeros para irse pronta a ser postulada por su partido, el PRI, como candidata a diputada plurinominal. Con un frío correo electrónico se despidió y y confirmó la lógica de cuates y cuotas sobre las que descansa el INAI. Debo reconocer la solvencia moral, capacidad y amplio reconocimiento en el foro jurídico de la distinguida jurista, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, así como de su actual presidente, el experto Francisco Javier Acuña Llamas, un hombre probo. Dos golondrinas, empero, no hacen verano.
Tercero. El INAI ha abdicado de la defensa de la protección de los datos personales, especialmente frente a Google, con la que contrata cuantiosas sumas de publicidad pero no sabe dónde está ubicada en México, como lo ha denunciado el reconocido abogado Ulrich Richter Morales, quien da los puntos y comas en su obra El derecho digital. De 2003 a la fecha se ha generado una amplísima burocracia en las lides de la transparencia que defiende sus propios intereses a lo largo y ancho del país pero, a pesar de lo anterior, los solicitantes son prácticamente los mismos: menos del 1% de los mexicanos, de suerte que si se contabilizara lo que cuesta el SNA, por solicitud se podrá ver que cada día es más cara y sus clientes son los mismos desde 2003, lo que demuestra que la cultura ciudadana ha fracasado de manera estrepitosa y que no hay una lógica en que se brinde lo mismo y cada vez más caro a los mexicanos, cuando hay muchos rubros en los cuales ese dinero tendría un beneficio tangible.
Cuarto. Si bien es verdad que la transparencia no es el único ingrediente del combate a la corrupción, también lo es que debería jugar un papel central en ese rubro. La realidad es paradójica: mientras más recursos públicos se destinan al INAI, México aparece en los números más bajos en los rankings de corrupción y en las percepciones nacionales e internacionales. En 2003, cuando no había nada, México ocupaba el lugar 64 en el índice de percepciones de corrupción de Transparencia Internacional (https://webantigua.transparencia.org.es/ipc__s/ipc_2003/ipc_2003.pdf). En la administración de Enrique Peña Nieto, mientras más se gastaba en el SNT y, en menor medida, el SNA, México pasó del lugar 105 al 135 entre los países más corruptos. Es evidente que esa lógica del absurdo no puede seguir esa ruta, menos todavía cuando se ha anunciado un gobierno austero.
Bienvenida la transparencia real, pero no la apariencia. De ahí que el presidente electo tenga ya en sus manos un proyecto de cirugía mayor al fallido Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), más efectivo y al mismo tiempo menos costoso para los mexicanos, que hasta ahora han recibido gato por liebre.
Quinto. Lo cierto es que el actual SNA, que desde su acto fundacional apareció bajo la lógica de la corrupción en su modalidad de conflicto de interés, está impedido de cumplir su cometido con su diseño institucional actual, hecho a imagen y semejanza de las necesidades del régimen priista, de suerte que todo cambie para que se asegure que todo siga igual.
A diferencia de Peña Nieto, que vía las ONG recibió bocanadas de aire puro para que su gobierno se mantuviera a flote, con asesorías económicas de por medio a estos prohombres, Andrés Manuel López Obrador goza de una amplísima legitimidad y, por ello mismo, no requiere de los servicios de las ONG que se han autoproclamado representantes de la “sociedad civil” sin ningún voto de por medio.
Sexto. Es mejor empezar de cero que persistir en el actual SNA, que, desde su concepción, no ha servido para nada en las métricas internacionales porque, parafraseando a Martín Luis Guzmán, “nadie va contra su propio interés”. Y el diseño del SNA no es la excepción. Fue hecho a imagen y semejanza de las necesidades del PRI-gobierno como un acto de prestidigitación para simular, no para cambiar el grave problema de corrupción que se ve en todas partes con todo y su INAI y su SNA, que sólo cumplen su papel en este teatro de la ilusión. Lo propio se hará en el gobierno de la Ciudad de México, donde se preparan alternativas a lo hecho por el gobierno de EPN. Ojalá el sentido de la razón gane la partida al final del día, por el bien de todos.
Fuente proceso.com.mx
