Para garantizar el acceso efectivo de todas las mujeres a la justicia, a la educación y al mercado laboral, así como a una vida libre de violencia en las diferentes etapas de su ciclo de vida, es indispensable la inversión pública en sistemas de protección social sensibles al género, además de servicios e infraestructuras en todos los sectores.
“Es necesario adoptar medidas urgentes para eliminar las causas profundas de la discriminación y todas las formas de violencia que siguen vulnerando los derechos de las mujeres y las niñas, tanto en la esfera pública como en la privada”, destacó el organismo multilateral.
Argumentó que el Plan Nacional de Desarrollo es una oportunidad para poner a este grupo de población en el centro de las políticas públicas, las cuales deben tomar en cuenta las diferencias existentes entre hombres y mujeres para acceder a empleo y a la toma de decisiones económicas, políticas y sociales.
Asimismo, las políticas públicas deben considerar la exclusión desproporcionada de las mujeres de los sistemas existentes de protección social, pues éstos se encuentran ligados al trabajo formal.
De acuerdo con cifras oficiales, sólo 43 por ciento de las mujeres en México participan en el mercado laboral, en comparación con 78 por ciento de los hombres. A su vez, ellas ganan en promedio salarios más bajos e interrumpen su participación frecuentemente para dedicarse al cuidado de los hogares y de las personas.
