A pesar de que no existe proyecto ejecutivo ni estudios técnicos para construir el aeropuerto internacional de Santa Lucía, el gobierno de López Obrador ya transfirió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 15 mil millones de pesos para realizar esta obra.
Ese dinero lo etiquetó como parte del presupuesto canalizado a la Dirección General de Ingenieros (DGI) de la institución, el cual es de 21 mil millones de pesos, equivalente a 22% del presupuesto global del Ejército: 93 mil 670 millones de pesos.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señalan que de esos 21 mil millones asignados a la DGI, 17 mil millones serán destinados a dos rubros: el primero, a provisiones de “infraestructura de seguridad pública y ejército”; el otro, a “la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad”.
Este hecho se empalma con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 10 de febrero, en las que anunció que la Sedena tendrá la administración del aeropuerto de Santa Lucía.
Las fuentes consultadas señalan que, pese a no existir proyecto ejecutivo, los fondos ya fueron transferidos desde las cuentas de la Tesorería de la Federación mediante la partida 7900, creada para “Provisiones de contingencias y otras erogaciones especiales”.
Según las etiquetas del presupuesto aprobado por Hacienda, el dinero lo mismo podría ser usado para el “Desarrollo económico”, “Transporte”, “Transporte aéreo”, “Aeropuertos eficientes y competitivos”, “Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad” y la “Dirección Nacional de Ingenieros”.
Es decir, no se sabrá el destino de esos recursos hasta que comiencen a ejercerse.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha cuestionado repetidamente el uso de la Sedena como constructora de obras no militares.
“De las facultades conferidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no se desprende que (la Sedena) cuente con atribuciones para celebrar convenios para ejecutar obra pública distinta de la construcción, mantenimiento y demolición de fortificaciones, fortalezas e instalaciones de la propia Sedena”, sostuvo desde 2016 en el Informe General de Actividades de la ASF correspondiente a ese año.
Para especialistas en la historia de las Fuerzas Armadas, la reciente aprobación de la Guardia Nacional y los recursos otorgados para construir la “infraestructura aeroportuaria” significan un importante cambio de paradigma en la doctrina militar.
“Hay varias propuestas del Ejecutivo que apuntan a una mayor autonomía financiera dentro del Ejército”, dice Alejandro Madrazo Lajous, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Empieza a haber Fuerzas Armadas que adoptan un sentido más empresarial”, comenta por su parte Jorge Luis Sierra, investigador del Knight Fellow del Centro Internacional de Periodistas.
Fuente: Proceso
