El magistrado en retiro Jorge Fernández Sousa aseguró que Esquivel Mossa ha utilizado recursos judiciales para prolongar el juicio que interpuso para el cobro de su pensión como magistrado del TJACDMX, así como para reinstalar al magistrado Carlos Rebolledo.
Ambos fueron señalados por la presidenta del Tribunal en la entrevista publicada en la actual edición de la revista Proceso (2209) como parte del reportaje “La sombra del `influyentismo´ sobre Yasmín Esquivel”.
Esposa del constructor José María Rioboó, contratista cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, la magistrada señaló a Fernández Souza como el autor de una carta entregada al Senado en la que se cuestiona su gestión como presidenta del tribual encargado de resolver las controversias entre los ciudadanos y la administración pública de la capital del país.
En una comunicación dirigida al reportero, el magistrado asegura que la carta fue firmada por él junto con otras personas y más de cien organizaciones como parte de las deliberaciones públicas sobre la terna presentada por López Obrador para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte.
En la entrevista con el semanario, la magistrada aseguró que la carta había sido elaborada por Fernández Souza, y que la había conocido por el propio Senado.
“La ostentación del probable trato privilegiado de los senadores hacia ella no era necesaria porque el texto no fue un secreto”, señaló Fernández Souza.
El magistrado en retiro fue el ponente en el juicio que en primera instancia le dio la razón a quienes impugnaron la construcción de la Supervía Poniente, en la que participó el grupo de ingeniería que preside su esposo, aunque la presidenta del Tribunal niega que el Grupo Rioboó haya intervenido en la obra.
El gobierno de la Ciudad de México, encabezado entonces por el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, impugnó junto con la empresa constructora esa resolución.
La Sala Superior del TJACDMX, entonces de lo Contencioso Administrativo, tardó casi dos años para resolver el caso. Esquivel Mossa declaró a Proceso que apoyó, en una votación de seis a uno, el proyecto que revocó la resolución que le había dado la razón a Greenpeace y un grupo de ciudadanos que impugnaron la obra.
Carecieron de interés jurídico, dijo la magistrada, quien dijo que el caso se llevó un año en la primera instancia, Sala Ordinaria, y otro año en la Sala Superior que ella preside desde 2012.
Fernández de Souza precisa que la resolución a favor de los quejosos fue dictada en diciembre de 2011 y fue combatida por el gobierno de la capital desde enero de 2012. La Sala Superior resolvió en definitiva hasta agosto de 2013, cuando la supervía ya era un hecho. La resolución de la Sala Superior fue avalada por la justicia federal.
Esquivel Mossa dijo que la carta en su contra se debió a la inconformidad de Fernández Souza por no haber obtenido su pensión “para seguir cobrando el resto de su vida como si estuviera en activo”.
Fernández de Souza asegura que interpuso el amparo ante la negativa del Tribunal para pensionarlo: “Es absurdo el criterio de que todo derecho que deba de ser respetado por alguna autoridad, tenga que ser defendido necesariamente en tribunales, en este caso federales.
“El absurdo es aún mayor si quien tiene la responsabilidad de respetar la ley y no lo hace es quien preside un Tribunal. Es esta una concepción que conduce a una deficiente y prolongada administración de justicia. Y si inicié un juicio fue por la ilegal negativa a mi petición”.
Agrega que la justicia federal le ha dado la razón, “aunque la presidenta del Tribunal interpuso un recurso de revisión, en la… lógica de prolongar el litigio”. La negativa a mi reclamo “sería por razones extra jurídicas”, afirma.
En el caso del magistrado Rebolledo, dice, contrario a lo señalado por la presidenta del Tribunal, su juicio no es para solicitar su pensión, sino su reinstalación en el cargo.
Los tribunales federales también han fallado a su favor, “sin embargo, mediante actos dilatorios no se ha cumplido con lo ordenado por esas instancias federales y al magistrado no se le ha permitido regresar al cargo que por ley y por resolución judicial le corresponde”.
Yasmín Esquivel es considerada como la candidata más fuerte de la terna presentada por la Presidencia de la República para el cargo de ministra de la Suprema Corte entre 2019 y 2034.
Las otras dos candidatas son Loretta Ortiz, esposa del fiscal para delitos electorales, Francisco Ortiz Pinchetti, y la magistrada del Tribunal de Justicia de Querétaro, Celia Maya García.
El Senado tiene previsto sesionar el lunes para analizar las candidaturas y emitir un dictamen para que sea sometido a votación en el pleno.
Fuente: Proceso.com.mx
