Las últimas administraciones de gobierno estatal no han podido resolver el creciente deterioro del nivel de vida en Veracruz. Conforme transcurre el tiempo, el rezago social y la marginación campean en gran parte del territorio. La confianza en las instituciones públicas continúa a la baja y los diferentes actores de la vida pública no encuentran las soluciones que demanda la población.
Durante los últimos años, el estado de Veracruz se ha significado por ocupar los primeros lugares en pobreza, desempleo, inseguridad, impunidad y corrupción.
Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señalan en el último informe trimestral (enero-marzo 2018) que un 51% de la población en Veracruz no cuenta con suficientes ingresos para solventar la compra de la canasta alimentaria básica.
La misma institución señala que existen municipios con más del 95% de su población en condiciones de pobreza y que de los veracruzanos mayores a 15 años un 56% tienen empleo aunque no bien pagado, pues de la población económicamente activa una cuarta parte percibe un máximo de 3 salarios mínimos.
El Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) señala que de 212 municipios en Veracruz, solamente 25 presentan una mínima inseguridad alimentaria (menos del 21% de la población no tiene dificultad para alimentarse), mientras que la mayoría transitan entre la inseguridad baja y moderada (30% y 39% de la población tiene complicaciones para acceder a los alimentos básicos).
Superar esta condición es un reto sobre todo si se toma en cuenta que el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM califica a Veracruz como el estado más desempleado de México arriba de Tabasco, Morelos y Guanajuato.
En este escenario, ninguno de los candidatos a ocupar el gobierno de Veracruz, a partir del próximo 1 de diciembre, ha presentado hasta ahora una propuesta viable para atender las complejas condiciones socioeconómicas de que afronta la población.