Ciudad de México. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres solicitaron al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, una reunión “de carácter urgente” con el fin de manifestarle sus “preocupaciones y obstáculos” para lograr que se garantice el derecho a una vida libre de violencia.
En la misiva, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria expresan que de enero a la fecha -mes en el que asumió el cargo el titular de la dependencia– “se han estancado procesos que desde las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) hemos impulsado para fomentar el cese de la violencia contras las mujeres.
“Una de las principales acciones que ha quedado detenida es la publicación de la Reforma al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), misma que presenta diversos vacíos legales que fomentan su uso arbitrario y discrecional, al tiempo que obstaculiza la implementación del mecanismo de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG)”.
Las organizaciones exponen que a pesar de que existía ya una propuesta de reforma trabajada y consensuada entre las autoridades y las OSC, desconocen la situación procesal del reglamento. “Esto es alarmante debido a que actualmente existen en el país 28 solicitudes de AVG, de las cuales sólo 13 han sido declaradas”.
Además, agregan, la ambigüedad de la LGAMVLV hace permisible que las propias peticionarias desconozcan el porqué de la dilación para realizar la investigación de solicitudes, la emisión de los informes, así como su notificación a las autoridades responsables, como es el caso en los estados de Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México.
“A los retardos injustificados en los procedimientos de las declaratorias de AVG, se suma la restricción de la participación de las OSC peticionarias en el seguimiento a los procesos de las AVG declaradas, sin que se garantice su participación con voz y voto, desconociendo el interés legítimo y legal de las organizaciones, así como el debido proceso administrativo, incluyendo el derecho de audiencia”.
También denuncian que el OCNF ha documentado “un grave retroceso en el establecimiento de indicadores de proceso, resultado e impacto para evaluar los procedimientos de las declaratorias de AVG. Esto es preocupante porque se ha hecho caso omiso a las recomendaciones realizadas por la del Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Amnistía Internacional (AI)”.
fuente Jornada.unam.mx
