Toda vez que México suscribió y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, cualquier proyecto, público o privado, que amenace con afectar a esas comunidades debe someterse a consulta con ellas. Ya suman 77 los casos en el país en los cuales la falta de este ejercicio –al que se encuentra obligado el Estado– ha dado lugar a conflictos sociales, así como a 33 juicios de amparo relacionados con megaproyectos, algunos de los cuales han sido cancelados, como el aeropuerto internacional…
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