El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y el ex fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras ordenaron la desaparición de por lo menos 13 cuerpos humanos y cientos de restos óseos para evitar un nuevo escándalo mediático en enero de 2016.
Así fue como declaró el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita en contra de su ex jefe y ex compañero de gabinete en mayo pasado ante la Fiscalía General del Estado.
Por ello, el ex fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras no logró ocultar su enojo y sorpresa, cuando escuchó que su ex compañero de gabinete Arturo Bermúdez Zurita lo señaló junto con el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa como los responsables del ocultar 13 de los 19 cuerpos encontrados en enero de 2016.
Pero no sólo el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública lo acusó de ser el autor intelectual del ocultar los cuerpos encontrados, sino también una media docena de sus más cercanos ex colaboradores en la Fiscalía General del Estado también lo ubicaron como el responsable.
Bravo Contreras fue imputado por el delito de desaparición forzada de personas, en agravio de David Lara Cruz, un policía estatal que fue levantado y asesinado por elementos de la Fuerza Civil, cuyo cuerpo, ordenó el ex fiscal fuera desaparecido.
Este lunes, se celebró la audiencia de imputación en contra de Luis Ángel Bravo Contreras, quien como cualquier reo, fue trasladado del interior del penal de Pacho Viejo a los juzgados anexos. Cabe precisar que debido a que llegó durante la madrugada de este lunes a los juzgados se tomó la decisión de que su audiencia diera inicio hasta las 11 de la mañana y mientras permaneció en resguardo en el reclusorio.
“Niego categóricamente haber participado en los hechos que se me imputan, pues toda la investigación se ciñe en ex colaboradores que hicieron declaraciones sospechosas bajo presión”, añadió.
Por más de 10 horas en que duró la audiencia, Luis Ángel Bravo y su defensa tuvieron varios fracasos; el primero fue pedir que la audiencia fuera de carácter privado, pero la juez Alma Aleida Sosa Jiménez no se lo concedió.
El ex fiscal argumentó que ha sido víctima de escarnio y que ante la sociedad, los medios de comunicación ya lo han presentado como culpable de un delito que apenas se investiga.
