TOLUCA, Edomex.- Fernando Baz, auditor superior del Estado de México, entregó su solicitud de licencia definitiva al cargo, más de tres meses después de que el pleno de la Legislatura mexiquense aprobó su remoción por “parcialidad” y “omisión” en su desempeño.
Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), confirmó la recepción del documento con fecha 09 de agosto, e indicó que en los próximos días el Congreso local determinará los mecanismos para designar al nuevo titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), encargado de auditar el manejo de los recursos públicos en la entidad.
El pasado 24 de abril, la Comisión de Vigilancia del OSFEM acordó solicitar a la Jucopo iniciar el proceso de remoción de Baz Ferreira, por considerar que fue parcial y omiso en la revisión de las Cuentas Públicas estatal y municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
En el marco de la aprobación del informe sobre las Cuentas Públicas 2017, el pleno cameral avaló por unanimidad, el 30 de abril, destituir al funcionario parlamentario, pues durante la revisión de las finanzas públicas de ese año los hallazgos del organismo sobre presuntas anomalías fueron mínimos, contrastan con los realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –como en el caso de la Estafa Maestra- y no se implementaron procedimientos resarcitorios.
Los diputados además acordaron reestructurar el órgano para eficientar sus tareas revisoras: “necesitamos que se reestructure el OSFEM, dando como primer paso la remoción y sustitución del auditor, derivado de lo que encontramos en nuestro análisis en las mesas de trabajo: que hay poca información sobre auditorías, no se desempeña bien el trabajo y hay una actitud de parcialidad en su labor”, acusó entonces el morenista Tanech Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia de éste órgano.
Hace unos días, Sánchez Ángeles anticipó que solicitaría a la Contraloría del Poder Legislativo indagar la evolución patrimonial de Fernando Baz y la de su familia durante los 9 años de su encomienda, con el propósito de verificar que no hubiera incurrido en ninguna irregularidad durante su desempeño.
A partir de la renuncia, la revisión a las Cuentas Públicas del gobernador Alfredo del Mazo correrán a cargo de un nuevo auditor superior, quien además se encargará de realizar auditorías especiales al Instituto de Salud estatal (ISEM), al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), a la Universidad Autónoma de la entidad (UAEMex), a los Cuerpos de Seguridad Auxiliar (CUSAEM) en la falta de pago de cuotas de seguridad social, y al Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC).
Las revisiones especiales fueron encomendadas por los diputados, debido a que en 2017 el ISEM tenía deudas por 10 mil millones de pesos, transferencias de recursos fuera de ley, diferencias de ampliaciones presupuestales por 3 mil 719 millones y pasivos por 2 mil 565 millones de pesos.
En el caso del ISSEMyM, el informe de ese año revela que las entidades públicas le adeudan 6 mil 897 millones de pesos y presenta un déficit por 862 millones del Fondo Solidario de Reparto, lo que deriva en observaciones resarcitorias por 12.8 millones de pesos y 24 recomendaciones de evaluación de programas.
En el Informe de Resultados de la UAEMex se identificó que presenta retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por un saldo de mil 130 millones de pesos –en cuotas retenidas a los trabajadores que no fueron entregadas al ISSEMyM-, diferencia de plazas nominales, cuentas por pagar, transgresiones en el pago de sueldos y prestaciones superiores a las autorizadas en el tabulador.
Para ese año, sin ser un órgano público, los CUSAEM adeudaban al ISSEMy más de mil millones de pesos, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que 2.5 millones de pesos del PAC se utilizaron para costear una serie que se empleó como guerra sucia contra el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Los diputados indicaron que en ninguno de estos casos el OSFEM realizó observaciones ni tomó medidas para evitar, investigar, resarcir o sancionar posibles quebrantos públicos.
fuente proceso.com.mx
