CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Jaime Martínez Veloz se convirtió en el primer exfuncionario del gabinete peñanietista en apoyar públicamente a Andrés Manuel López Obrador cuando, el domingo 15 de abril, vistiendo una camisola de la coalición Juntos Haremos Historia, se apersonó en un mitin multitudinario del político tabasqueño en Tijuana.
Hace tres meses, la mañana del 10 de enero, Martínez Veloz concluía una reunión de trabajo en sus oficinas de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) y en ese momento se enteró por la televisión de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, iba a dejar el cargo.
Acababa de regresar a la Ciudad de México procedente de Chiapas, estado en el que estuvo todo diciembre con motivo de un conflicto en Chenalhó. Al enterarse de la salida de Osorio, apuró los pendientes, redactó un documento formal, poco expresivo, y renunció ese mismo día.
Asegura que Osorio Chong siempre lo respaldó para avanzar en la solución de conflictos en pueblos y comunidades indígenas e impulsar el cumplimiento de los traicionados Acuerdos de San Andrés Larráinzar suscritos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero como, si se tratara de una reedición de la antigua pugna entre políticos y tecnócratas, “todas las problemáticas y conflictos, así como los obstáculos para su solución, se generaban en el gabinete económico”.
Simpatizante de la izquierda, priista durante poco más de 13 años (de 1989 a 2002), perredista de 2003 a 2009 y recién integrado a Morena, explica en entrevista con Proceso:
“Toda mi vida he estado ligado a los grupos sociales, universitarios, populares, campesinos, indígenas. Entonces, en términos generales, podemos decir que es la corriente a la que he pertenecido siempre y con la cual me identifico. Esto no quiere decir que asuma a cabalidad todo lo que se diga de este lado (Morena). Hay matices, opiniones que deben ser valoradas, hay ausencias…”.
Considera que, pese a los aspectos críticos que pueden marcar el desempeño de Morena (la alianza de este partido con el PT y Encuentro Social) y aun el de su candidato presidencial, es la única corriente política que en México confronta el modelo económico prevaleciente desde hace 30 años.
Con todo y haberse afiliado apenas la semana última, rechaza una subordinación absoluta porque en Morena, dice, hay gente de todo tipo con la que puede o no coincidir.
Sobre López Obrador, señala:
“Es cierto que puede tener muchos errores, pero dos factores son fundamentales: es un hombre que no aspira a vivir con riquezas, ya tiene 65 años y ya lo hubiera mostrado. Segundo, es un hombre muy tenaz. Puede ser que yo tenga diferencias en cómo él ve el tema de educación o el tema LGBT (homosexualidad), por ejemplo; pero me puedo entender, discutir con él aun teniendo diferencias, y en lo fundamental se pueden consolidar estrategias.”
Choque de modelos
Martínez Veloz sostiene que había un enfrentamiento cotidiano entre las áreas de la administración peñanietista.
“En Gobernación todos estábamos metidos en broncas, atendiendo muchos de los desajustes creados por una estrategia económica que confrontó a la sociedad y que propició la ausencia del Estado en muchas áreas de la actividad social.”
Un ejemplo: el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre minería establece que entre 2000 y 2015 se otorgaron 27 mil concesiones mineras, pero sólo se tiene registro de 280 manifestaciones de impacto ambiental. Así, 99% de la minería es ilegal.
La producción que se conoce, expone el entrevistado, es por los números que dan las empresas y no por la Secretaría de Economía, dependencia que no tiene controles para saber cuánto es lo que se está explotando en el país. El añadido es un convenio firmado por Felipe Calderón con Canadá para evitar la doble tributación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en materia minera, cuando cerca de 80% de la minería es de inversión canadiense.
“Resulta que regresamos 480 millones de dólares a Canadá por ISR. Se llevan el oro, se llevan la plata, se llevan los impuestos y nos dejan la contaminación y un tejido social roto”, denuncia.
Cada semestre, la CDPIM actualizaba un atlas de conflictos sociales (Proceso 2066) en el que se reflejaba que estaban en aumento, principalmente a causa de megaproyectos mineros y energéticos que se imponían a comunidades indígenas y rurales.
Desde entonces, sus informes advertían que la minería se había convertido en un campo de apoyo logístico del crimen organizado, por extorsión o por mercenarismo, y que eso tenía que ver con el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
–¿Hay algún ejemplo de eso?
–El de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, pegadito a Iguala, donde desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa. Ahí está la Gold Corp, donde hay más de 60 personas ejecutadas por el crimen organizado. Muchos habitantes han sido desplazados y los que viven ahí sufren de temor o están llenos de enfermedades causadas por la contaminación de la actividad minera.
Señala que la obstaculización del entonces presidente Ernesto Zedillo a los Acuerdos de San Andrés obligó a un análisis de lo que estaba pasando y éste dio como resultado que “el problema era la implementación de un modelo económico a rajatabla, sin importar lo político ni lo social para el país”.
La lista es larga sobre lo ocurrido durante los 25 años últimos: en lugar de impulsar el campo se impulsó la minería, que tenía concesionadas dos millones de hectáreas. Fox concesionó ocho millones y Calderón 24 millones más; los bancos se vendieron en 13 mil millones de dólares, pero el país les ha inyectado en rescate bancario 70 mil millones de dólares. En tanto, la producción agrícola cayó.
Además, se pagan más de 500 mil millones de pesos al año por intereses de deuda, se privatizaron los sectores petrolero y eléctrico, así como los puertos y aeropuertos.
Así, con la “apresurada entrega” de la electricidad, el petróleo y el aperturismo comercial se causó un desbalance en la sociedad. Dice que la acumulación de riqueza en unas cuantas manos es el origen de lo que se vive hoy, desde la desigualdad hasta la violencia.
Con ese análisis, la CDPIM, como parte de Gobernación, envió un documento que planteaba incluir en el Plan Nacional de Desarrollo armonizar la legislación nacional con la Declaración de las Naciones Unidas en Materia de Derechos Indígenas, coincidente con el contenido de los Acuerdos de San Andrés y algunos aspectos más avanzados. Fue inútil.
Afirma que el documento fue rasurado en Hacienda, responsable de la elaboración del PND.
“En septiembre de 2014, el presidente de la República ratificó en la Organización de las Naciones Unidas el compromiso de armonizar la legislación nacional con dicha declaración y nosotros teníamos una propuesta lista. Sin embargo, con los hechos de Ayotzinapa y con un despliegue de las fuerzas económicamente poderosas en materia petrolera, minera y eléctrica, este asunto empezó no sólo a ser obstaculizado, sino destruido”, denuncia.
Los conflictos crecieron por todo el país: de la zona norte de Puebla a los Valles Centrales de Oaxaca, con los tarahumaras, los yaquis y los cucapá en el norte. Sencillamente, asegura, no había mecanismos adecuados para la relación del Estado con los pueblos indígenas.
“Con el conflicto de San Quintín entendí que ya no era factible el cumplimiento de la armonización a la que el presidente se había comprometido, y en ese momento le planteé al secretario dejar el cargo. Era una decisión, pero los conflictos seguían, la conflictividad se incrementaba y no podía dejar procesos a medio camino.”
Así que, con la renuncia de Osorio a Gobernación, decidió también irse.
“Llegué con él y me fui con él. No logramos hacer muchas cosas de las que inicialmente platicamos, pero tengo claro que por parte de Osorio Chong se hizo lo posible para que avanzáramos. Está claro que había otra postura en el gabinete que siempre privilegió un modelo económico que ha generado una enorme crisis social.
“Los problemas de fondo, incluido el de la inseguridad, tienen que ver con ese diseño económico que ha transferido muchas facultades del Estado mexicano a la iniciativa privada. Cuando una facultad se transfiere al sector privado no sólo se transfiere la actividad económica; también se transfiere el poder político.”
La alternativa electoral de Martínez Veloz es clara: quiere impulsar la agenda de los derechos indígenas mediante la alternativa que representa López Obrador, a quien considera el único que plantea una modificación del modelo neoliberal.
“Hay que ubicar esto en lo político y económico. Particularmente en este momento es cuando la sociedad está pagando un alto costo por ese modelo, y en esto tanto el PRI como el PAN, creadores del engendro, son vistos por mí y por un gran sector de la sociedad como responsables de la crisis.”
Durante la mañana del 20 de abril Proceso contactó a Eduardo del Río, vocero de José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México. También buscó conocer la posición de la Secretaría de Desarrollo Social por medio del coordinador de Comunicación Social Lázaro Moguel. Ambos, por separado, se comprometieron a revisar las solicitudes. Sin embargo, no hubo respuesta.
Este texto se publicó el 6 de mayo de 2018 en la edición 2166 de la revista Proceso.
fuente proceso.com.mx
