Los “moches”, el mecanismo de corrupción creado en la Cámara de Diputados al calor del Pacto por México, está bajo investigación de la fiscalía de delitos electorales de la Procuraduría General de la República (PGR) con dos prominentes imputados: el candidato presidencial Ricardo Anaya y Damián Zepeda, presidente del Partido Acción Nacional (PAN).
La PGR atrajo la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y la sumó a otra denuncia que se presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) contra Anaya y Zepeda Vidales por el presunto desvío de recursos públicos a empresas “fantasmas”, que a su vez habrían financiado campañas políticas, como la de éste a la alcaldía de Hermosillo, en 2015.
Según la investigación de carácter penal, “Damián Zepeda Vidales desvió recursos públicos federales otorgando de manera irregular licitaciones a empresas supuestamente fantasmas, para luego aterrizarlas en apoyo a campañas políticas en el proceso electoral 2014-2015”.
La investigación, iniciada en febrero por la fiscalía especializada de la PGR, incluye las declaraciones ministeriales de dos miembros del PAN: Alejandro Arturo López Caballero, expresidente municipal de Hermosillo, y Marcos Evaristo Noriega Muñoz, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) de ese ayuntamiento.
Ambos testificaron que Zepeda, en complicidad con Anaya, les propuso que el ayuntamiento, a través de CIDUE, asignara diversas obras a empresas contratistas que él determinara, porque éstas, con los recursos públicos obtenidos, financiarían campañas como la de él a presidente municipal y la de Noriega Muñoz a diputado, a lo que se negaron los dos.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-SON/0000054/2018, con las conductas de Anaya y Zepeda se podrían haber cometido delitos del fuero local y también federal, por lo que se solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) información sobre los gastos de campaña del PAN en Sonora para la elección de 2015, y a la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR se le pidió “acreditar el flujo de dinero y a qué cuentas se destinaron, haciendo un cruce de movimiento bancarios”.
Fuente: Proceso.
