CIUDAD DE MÉXICO.- El ánimo del presidente electo es perdonar actos de corrupción del pasado a cambio de la estabilidad; es otra propuesta de amnistía que no pasa de una voluntad política, porque ya hay denuncias que deben seguir siendo investigadas, a menos que opte también por el control de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción. En tal caso, la Cuarta Transformación en el combate a la corrupción sería un fracaso, porque significaría una amnistía no declarada a los corruptos, advierten litigantes, especialistas y miembros del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El presidente electo abrió una nueva controversia la semana pasada cuando declaró profusamente a la prensa su deseo de poner “punto final” a los casos de corrupción del pasado. El término aludió a las leyes de punto final que existieron durante 20 años en Argentina para detener los procesos penales y exculpar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Ante la magnitud de la corrupción en México, que en las mediciones internacionales destaca como uno de los países con más baja calificación, la intención del próximo presidente movilizó incluso al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien dijo que los actos de corrupción representan una violación a los derechos humanos de todos los mexicanos.
En el Índice Global de Corrupción de Transparencia Internacional, la evaluación de México ha caído de manera consistente. En el reporte dado a conocer en febrero de este año apareció en el lugar 135 de 180 países. Está entre los peores de América Latina y junto con Rusia, es el peor evaluado del Grupo de los 20 (el de las economías más grandes del mundo) y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, dijo el viernes 23 en España que México ya tiene los procedimientos “legales, formales e institucionales” para actuar contra los corruptos: “Lo que hay que hacer es aplicar esos códigos y esas leyes”.
La propuesta de “punto final” de López Obrador se añadió a la polémica desatada horas antes, cuando el Senado aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), que va a sustituir a la Procuraduría General de la República (PGR), y que le da al próximo presidente la facultad de elaborar una terna para que la Cámara de Senadores, controlada por Morena, designe a quien será el fiscal general –y de quien dependerá el fiscal anticorrupción– los próximos nueve años.
Lo que pase con la FGR y el fiscal anticorrupción va a marcar a la Cuarta Transformación, asegura José Octavio López Presa, del Comité de Participación Ciudadana del SNA, la instancia de coordinación de los tres poderes y de las autoridades federales y estatales para el combate a la corrupción, pero cuya operación depende de la designación y grado de operación de ambos fiscales.
Estefanía Medina, cofundadora y directora del despacho Tojil Estrategia Contra la Impunidad, dedicado al litigio estratégico contra la impunidad, dice que el “punto final” significaría prolongar la amnistía de facto que ha existido para los corruptos en México.
“El borrón y cuenta nueva, con el sistema de impunidad del que venimos, no va a significar un cambio”, dice la abogada, quien ahora tiene en tribunales dos casos emblemáticos de la corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto: la reducida pena de nueve años para el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, pese al millonario desfalco al erario, y la llamada “estafa maestra”, que involucra a las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en las gestiones de Rosario Robles.
Fuente proceso.com.mx
