Los militares atribuyen el cierre a una amenaza de bomba y la Asamblea Nacional lo califica de “engaño”. México concede protección en Caracas a un diputado opositor
Un fuerte despliegue policial y de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) impidió este martes la celebración de la habitual sesión semanal de la Asamblea Nacional, el Parlamento elegido en 2015 controlado por las fuerzas críticas con el chavismo y declarado en desacato por el régimen de Nicolás Maduro. Los uniformados rodearon las dependencias del palacio legislativo y cerraron el paso a los diputados aduciendo motivos de seguridad por una supuesta alerta de bomba. La Cámara calificó ese argumento de “engaño” y aseguró en un pronunciamiento oficial que no interrumpirá sus actividades. “Si no sesionamos hoy, sesionaremos mañana”, avisó.
La Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, hubiera tenido que debatir sobre la “desaparición” del número dos de esa institución, Edgar Zambrano. El dirigente del partido Acción Democrática fue detenido la semana pasada por su participación en la operación que sacó a Leopoldo López de su arresto domiciliario. Días después de su arresto, se dejaron de tener noticias sobre su paradero. El vicepresidente del poder legislativo fue la primera víctima de la contraofensiva chavista. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Constituyente controlada por los fieles a Maduro despojaron de inmunidad a 14 diputados del entorno de Guaidó, exponiéndoles así a la acción de la justicia ordinaria. La última decisión del tribunal llegó horas después de la suspensión del Pleno con el señalamiento de Miguel Pizarro, Carlos Alberto Paparoni, Franco Manuel Casella y Winston Eduardo Flores. Como en otras ocasiones, la resolución no fue unánime y el magistrado Danilo Mojica votó en contra.
La oposición denuncia que el cierre del Parlamento es parte de esa misma estrategia. “Denuncio ante al mundo que el régimen usurpador está tratando de cerrar el Parlamento. Nuevamente se da un golpe continuado contra la Asamblea Nacional”, lamentó Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países. Su funcionamiento es el mejor ejemplo del grave choque institucional que vive Venezuela. Fue elegida en 2015 y se convirtió en el único contrapoder al que se enfrentaba el régimen, que en 2017 intentó arrebatarle sus funciones y la quiso sustituir con una Asamblea Nacional Constituyente que hoy opera como extensión del poder ejecutivo. Guaidó rechazó también, en una conferencia de prensa ofrecida por la tarde, las medidas dictadas por la justicia chavista. “Si pretenden que el miedo nos paralice, están equivocados. Pensaban que por no dejar de cancelar el sueldo a los diputados, nos íbamos a detener, se equivocaron de nuevo”, afirmó.
Tras el intento fallido de provocar una quiebra en el corazón de las fuerzas armadas con la liberación de López, el Supremo comenzó a actuar contra varios parlamentarios antichavistas. Al mismo tiempo, las fuerzas policiales aumentaron su presencia en el palacio legislativo y relevaron a los guardias nacionales asignados a su seguridad por sus supuestos vínculos con la denominada “operación libertad”, que busca lograr una renuncia de Maduro. Ya el pasado martes, impidieron el acceso a la prensa en un clima de elevada tensión. En esta ocasión forzaron la cancelación del Pleno con una explicación que la dirección de la Cámara no se cree porque los agentes no permitieron a su personal de seguridad entrar para comprobar la presencia de explosivos. “El parlamento no está en un edificio, pero no vamos a renunciar al palacio que constitucionalmente nos corresponde como poder”, comunicó la Cámara, considerada por varias instancias internacionales como la única institución legítima del país.
Fuente: El País
