La crisis global de vivienda tiene sus raíces en una crisis de acceso a la justicia porque al negar este acceso, la vivienda no se reconoce, entiende o aborda como un derecho humano, afirmó este lunes la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada.
Leilani Farha señaló en un comunicado que los Estados no se pueden preciar de ser líderes en el campo de los derechos humanos mientras dejan a un creciente número de personas vivir y morir en la calle, sin instancias para reclamar este derecho a sus gobiernos y sin acceso a soluciones efectivas.
Consideró que hace mucho tiempo debió ponerse fin a las excusas, las justificaciones o la negligencia relacionada con la impartición de justicia cuando se niega a las personas su derecho a una morada digna.
“[La falta de acceso al goce de] los derechos debe tener remedio y los gobiernos deben rendir cuentas a las personas”, indicó Farha.
Jerarquización de los derechos humanos
“Los desalojos rampantes de quienes viven en asentamientos informales y campamentos, la desestimación de órdenes de tribunales y del estado de derecho y la criminalización de las personas sin techo sugieren una cosa: esas personas no son reconocidas ni tratadas como miembros igualitarios de la familia humana”, apuntó.
La experta consideró que mientras los Estados nieguen el acceso a la justicia a las personas afectadas en su derecho a la vivienda, seguirán perpetuando la jerarquización de los derechos humanos, como si unas garantías fueran más importantes que otras.
Agregó que hay millones de personas viviendo en la calle o en habitaciones con condiciones inaceptables que no pueden recurrir a ninguna instancia para reclamar su derecho mientras que los Estados fracasan a la hora de garantizárselos y continúan imponiendo desalojos y criminalizando a las personas sin hogar o que viven en moradas informales.
La relatora especial insistió en la importancia de que se garantice el goce del derecho a una vivienda adecuada y digna, de que se eviten los desalojos mediante el acceso a la justicia y de que las inversiones o planes de desarrollo respeten el derecho a la vivienda.
Fuente: Noticias.ONU.com.mx