TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El cantante de banda Julio César Álvarez Montelongo, mejor conocido como Julión Álvarez, amenazó al portal de noticias ‘Chiapas Paralelo’ y al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), por denunciar un presunto tráfico de influencias del artista para detener y sentenciar a seis años de cárcel a un campesino.
El pasado miércoles 19, con el título “Acusan a Julión Álvarez de mover influencias con Velasco, para mantener detenida a una persona”, el portal ‘Chiapas Paralelo’ reprodujo una misiva enviada por el Frayba, en la que evidencia cómo el cantante “influyó” en el aparato de administración y procuración de justicia local para acusar de abigeato a Sergio Alberto González Castro.
El documento relata que familiares del campesino, acusado de robar ganado en el rancho del artista Julión Álvarez, en el municipio de La Concordia, Chiapas, realizaron un pronunciamiento para solicitar un juicio justo para su pariente y su inmediata liberación.
Dicho pronunciamiento, firmado por 35 familiares de González Castro, refiere textualmente: “A Sergio lo acusaron de robarle ganado a Julion Alvares (sic), eso fue mentira porque de unos días el ganado que supuestamente se perdió lo encontraron en su rancho, nunca hubo robo de ganado, las influencia de Julion Alvares (sic) con el Gobernador Manuel Velasco hizo que por un ganado detuvieran a varias personas en total son como 18 personas acusadas por el robo de un ganado”.
La nota emitida por el portal ‘Chiapas Paralelo” precisa que Sergio Alberto González Castro fue detenido en 2015 y, según documentó el Frayba, fue sometido a tortura física y psicológica durante tres días por parte de funcionarios públicos, a fin de que se declarara culpable de los delitos de los que lo acusaban.
El campesino González Castro apeló jurídicamente a la sentencia de seis años que le impuso un juez (expediente 280/20015). Y por la tortura a la que fue sometido denunció a sus agresores en la Fiscalía Contra la Tortura de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que inició la investigación R.A: 0101-101-2801-2018
La noche del pasado jueves 20, la oficina del cantante emitió una misiva donde refirió que medios de comunicación “difundieron algunas notas y señalamientos de forma irresponsable, en donde se menciona que el artista Julión Álvarez utiliza influencias para llevar a cabo sus actividades personales, comerciales y artísticas; así como para forjar su patrimonio”.
Añadió: “Hemos sido instruidos por el señor Julio César Álvarez Montelongo, para ejercer toda acción legal en contra de quien o quienes hayan efectuado los señalamientos que se le imputan (…) Consideramos que lo difundido en las notas aludidas, constituye un daño al honor, la reputación y vida privada de nuestro cliente. ‘No toleraremos ni la injuria, ni el insulto’; quien cause un daño lo tendrá que reparar y quien resulte responsable tendrá que asumir las consecuencias de sus actos”.
La carta menciona directamente a ‘Chiapas Paralelo’ y al Frayba, fundado por el obispo Samuel Ruiz García.
El grupo de periodistas chiapanecos que conforman el portal de noticias envió este viernes una misiva a distintas instancias para dar a conocer el caso, entre ellas la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como al relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, y al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
También a la relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos; Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); Reporteros sin Fronteras (RSF); Human Rights Watch; Artículo 19; Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a la Fiscalía para Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR).
Según los periodistas, el comunicado difundido por la oficina del cantante lleva implícito un intento por amedrentar a reporteros y organizaciones defensoras de derechos humanos, al referir que “quien cause un daño lo tendrá que reparar y quien resulte responsable tendrá que asumir las consecuencias de sus actos”.
Esto conlleva un menoscabo al derecho a la libertad de expresión –consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–, tanto de periodistas como de personas agraviadas en sus garantías individuales, y de defensores de los derechos humanos, apuntaron.
Por ello, hicieron un llamado a los organismos nacionales e internacionales para que, en el ámbito de sus competencias, inicien una investigación por los hechos señalados.
Consideraron que en un escenario como el de México, donde en los últimos años han sido asesinados 118 periodistas, los señalamientos vertidos por el despacho jurídico de Julión Álvarez los coloca en una situación de riesgo, aún más viniendo de una persona que ha sido señalada por gobiernos de otras naciones y de tener vínculos con grupos al margen de la legalidad.
Finalmente, solicitaron al gobernador Manuel Velasco Coello sea garante del respeto a la libertad de expresión en la entidad, y que ningún vínculo personal sirva para que se asuman acciones al margen de la ley.
Fuente proceso.com.mx
