CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de su retórica antimilitarista de campaña, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador resultó más hábil que sus antecesores inmediatos para hacerse del apoyo de las Fuerzas Armadas.
Ni las pretensiones de Felipe Calderón de comandar directamente su guerra contra el narcotráfico ni las aspiraciones de Enrique Peña de crear un nuevo cuerpo policíaco militar se comparan con los alcances del papel que López Obrador le va a dar a las Fuerzas Armadas, en especial al Ejército.
El próximo presidente está en mucho mejor posición que sus antecesores. No solo por la mayoría de que dispone en el Congreso, sino porque optó por cederle al Ejército el mando de las operaciones en seguridad pública que tanto se les renegó en los dos gobiernos anteriores.
A pesar del intenso cabildeo de civiles y militares, Calderón de plano no pudo sacar una ley que justificara la presencia de los militares en las calles. Peña lo logró al final de su gestión con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), y lo pagó con un alto costo político.
Calderón incluso intentó ponerse al frente del combate al narco con la creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, una fuerza de élite del Ejército que quería tener bajo su mando directo.
Ante el incesante incremento de violaciones a los derechos humanos del Ejército en esa etapa de la confrontación con el narcotráfico, ese cuerpo no duró ni año y medio. Calderón corría el riesgo de ser acusado directamente de esas violaciones. Después, intentó una ley que no pasó en el Congreso.
Peña buscó crear una Gendarmería Nacional. Delegó en la Secretaría de Gobernación y ésta se confrontó con los militares por el control del nuevo cuerpo. Al final, los militares se retiraron y sentenciaron al proyecto presidencial en lo que acabó: una división más de la Policía Federal que no representó ningún cambio.
Cuando en el mismo Ejército ya se daba por hecho que López Obrador tenía la mesa puesta para la participación de los militares en tareas de seguridad púbica con la Ley de Seguridad Interior (LSI), la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encaminaba a empedrarle el camino al presidente electo, con quien tiene grandes desacuerdos.
El martes 13 sorprendió con su disposición a echar abajo la LSI, lo que auguraba un desgaste político para López Obrador en su justificación de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, como ya lo había anunciado.
Ante ese escenario, el presidente electo respondió con otro movimiento, con lo que tendrá lo que Calderón buscó: el control directo del combate a la delincuencia organizada. Será a través de la Guardia Nacional, que estará formada por la Policía Militar, la Policía Naval, parte de la Policía Federal y jóvenes reclutas entrenados por el Ejército, es decir, nuevos militares.
Al incorporarla al Ejército, salvó la confrontación por la que naufragó la propuesta de Peña Nieto de la Gendarmería Nacional. De plano se ahorró la discusión entre civiles y militares cediendo el control a estos últimos. Los mandos operativos serán todos castrenses y el mando general será del presidente de la República.
Con los militares de su lado, la Guardia Nacional se da por un hecho. Ya se lo dijo públicamente Mario Delgado, coordinador de Morena en el Congreso: Aquí están “sus diputados”.
Aunque López Obrador aseguró que su apuesta por las Fuerzas Armadas fue “una opción entre inconvenientes”, la creación de la Guardia Nacional en las actuales circunstancias demuestra que en política lo que se dijo y sirvió ayer, no sirve para el ahora.
Fuente proceso.com.mx