CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 1 de diciembre de 2012 las redadas para someter a las multitudes que protestaban por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto marcaron el inicio de un periodo de represión contra movimientos sociales.
Todas las agresiones que suelen aplicarse a movimientos sociales y sus dirigentes y contra defensores de derechos humanos se usaron ese día en la Ciudad de México: se detuvo a un centenar de personas –32 de esas detenciones quedaron plenamente acreditadas como arbitrariedades–, 14 permanecieron presas y sujetas a proceso y hubo una veintena de heridos.
Uno de los heridos a la postre murió: Juan Francisco Kuykendall, hombre de teatro y militante de izquierda, salió ese día a protestar contra lo que consideraba el resultado de un fraude electoral cuando un objeto lanzado por los policías le perforó el cráneo. Junto a él estaba su compañero de teatro y causas, Teodulfo Torres, quien con su cámara captó el momento de la agresión.
Kuykendall permaneció en coma inducido. La pérdida de masa encefálica impidió que recuperara la conciencia. Murió el 25 de enero de 2014.
Torres, testigo de los hechos, fue llamado a declarar al Ministerio Público, que lo citó el 27 de marzo de 2013. Nunca llegó a la cita porque cinco días antes de la diligencia su nombre quedó inscrito en una base de datos como uno más de las decenas de miles de desaparecidos.
Las agresiones, detenciones arbitrarias, los presos políticos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones crecieron a partir de ese día por todo el país, hasta acumular alrededor de 6 mil víctimas.
Los informes emitidos cada año por el Comité Cerezo, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada registraron un incremento extraordinario de víctimas.
Además, identificaron cuáles eran los derechos que defendían y la mayoría de los casos se concentra en quienes protestaban contra la Reforma Educativa, ejercían el derecho a la manifestación o se articulaban en defensa del territorio.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas contra dirigentes sociales, casi siempre en defensa o ejercicio de un derecho fundamental, tienen en primer lugar a quienes se oponían a la Reforma Educativa; en segundo, a los que protestaban contra alguna política gubernamental, y en tercer lugar a quienes se oponen a megaproyectos energéticos, mineros o de infraestructura, en defensa de sus tierras, territorios o recursos naturales.
Las víctimas de la represión peñanietista tuvieron como común denominador haberse opuesto a las reformas estructurales.
Los 43
El hecho que marcó a la administración ocurrió en Guerrero: la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 desparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la Normal de Ayotzinapa.
Esa desaparición permanece irresuelta, y los perpetradores, impunes. La Procuraduría General de la República insistió en imponer una verdad construida con deficiencias procedimentales, periciales y antijurídicas, detectadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al que el gobierno peñanietista terminó prácticamente echando del país.
Con la desaparición de los normalistas y la inacción gubernamental, nuevas protestas se realizaron en diferentes partes del país y el extranjero, y naturalmente en la Ciudad de México. Pero como en las ocasiones anteriores, también resultaron reprimidas por los cuerpos de seguridad federal y capitalino.
Un sector mayoritario de la Normal de Ayotzinapa ha sido activo en el movimiento social guerrerense en las últimas décadas, cercano a movimientos sociales y participativo en acciones de protesta. Nada menos que en aquel septiembre boteaba para asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México.
Lo ocurrido con los jóvenes disparó las estadísticas del gobierno de Enrique Peña Nieto, que para entonces ya sumaba, por año, más casos de represión que en el sexenio de Felipe Calderón. Éste, en todo su régimen, acumuló 55 desapariciones de dirigentes o miembros de movimientos sociales o defensores de derechos humanos en el contexto de algún conflicto; con el mexiquense, hasta mediados del presente año totalizaban 110.
El episodio más reciente es el del indígena Sergio Rivera Hernández, dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, en Puebla, quien participaba en la oposición a la hidroeléctrica que pretende construirse en la zona Coyolapa-Atzala, en la Sierra Negra. Desapareció el pasado 23 de agosto.
Ejecución extrajudicial
El 19 de junio de 2016, policías federales y estatales de Oaxaca llegaron a las afueras de Asunción Nochixtlán para desalojar a profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que mantenían un bloqueo carretero.
El operativo devino enfrentamiento y, cuando los profesores se desbandaban hacia la mancha urbana, los policías avanzaron y se enfrentaron con miembros de la comunidad, a quienes dispararon; mataron a ocho personas y dejaron casi un centenar de heridos. No conformes, desde helicópteros lanzaron bombas de gas sobre el hospital de la comunidad y detuvieron a personas que participaban en un cortejo fúnebre. Por haberles facilitado el presidente municipal el acceso, provocaron una crisis de autoridad en la población que desconoció al edil e incendió el palacio municipal.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se trató de uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
A lo largo del sexenio, al menos 161 personas que se resistían a megaproyectos de infraestructura fueron asesinadas, la mayoría de ellas por agentes del Estado.
El caso Kuykendall representa el primero de la administración, aun cuando su muerte ocurrió 13 meses después de los hechos.
En los episodios más recientes, el 24 de octubre fue asesinado el indígena rarámuri Julián Carrillo, quien acababa de lograr que un tribunal agrario reconociera los derechos de tenencia de la tierra de esa etnia en el territorio Choreachi. Ya en 2016 habían asesinado a su hijo Víctor, y en marzo de 2017 a su sobrino Alberto Quiñones; el 30 de julio de ese año otro sobrino suyo, Guadalupe Carrillo, fue ultimado, y el más reciente caso fue el homicidio de su yerno, Francisco Chaparro, el pasado 1 de julio.
Un día después, el 25 de octubre, fue asesinado Noel Castillo Aguilar, en el contexto de una campaña de hostigamiento a los miembros de su organización, que se oponían al despojo de tierras para la instalación de hidroeléctricas y compañías mineras en la Costa de Oaxaca.
Al cierre de esta edición se sumaba el asesinato de Carlos Mayorga Guerrero, dirigente del Movimiento por la Paz en Amatán, Chiapas, por una disputa poselectoral.
Presos políticos
El 1 de diciembre de 2012, 14 personas fueron detenidas y sujetas a proceso penal durante las protestas contra la toma de posesión de Peña Nieto, y debieron permanecer en prisión; enfrentaron acusaciones que se fueron cayendo conforme se demostraba que las imputaciones eran falsas.
Pero por todo el país el fenómeno se desató; como en el caso de Rubén Sarabia Sánchez, un dirigente social que encabeza la Unión Poblana de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA), quien ha pasado preso gran parte de su vida.
El gobierno de Rafael Moreno Valle le fincó cargos falsos por la supuesta comisión de delitos que violaban su libertad condicional e imputó también a sus hijos y esposa por diferentes delitos; cuando estaba a punto de revertir todo mediante amparos –como finalmente ocurrió–, su hija Meztli Sarabia fue asesinada en la sede de la organización.
Para el Tribunal Permanente de los Pueblos, el caso de la UPVA es paradigmático del proceso represivo, pues la ha considerado “columna vertebral del movimiento social en Puebla”, entidad que a lo largo del sexenio, precisamente por movimientos de resistencia a megaproyectos energéticos, mineros, hidroeléctricos y turísticos, se convirtió en una de las más peligrosas para defensores de derechos humanos durante la administración de Moreno Valle, pero principalmente ante proyectos avalados por el gobierno federal.
Fuente proceso.com.mx