Al descalabro electoral del 1 de julio se suman las fracturas internas en el PRI, que lo hunden en la peor crisis de su historia. Y aun cuando la Comisión de Diagnóstico –creada en agosto para preparar una renovación estructural del partido– recaba las inquietudes de los militantes de a pie para discutirlas en la asamblea nacional programada para principios de 2019, aún no se sabe a dónde llegará ese “ejercicio de autocrítica”. Por lo pronto, un documento preliminar le pone nombre y apellido a los responsables del desastre: Peña Nieto y los líderes del partido Enrique Ochoa Reza y René Juárez.
Los militantes del PRI están irritados y se lanzan contra la dirigencia de su partido, el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, a quienes culpan de la derrota el 1 de julio; les atribuyen ese descalabro electoral que mantiene postrado al partido, inmerso en la corrupción, la inseguridad y las fallas en la instrumentación de las reformas estructurales.
En un documento que elabora la Comisión de Diagnóstico para la renovación del PRI, a cargo de Samuel Palma César, los inconformes sostienen: “La sociedad mexicana nos considera el partido corrupto de México”.
Esa comisión se integró un mes después de la derrota del 1 de julio y se encarga de recoger el sentir de los militantes y simpatizantes priistas que demandan cambios de fondo en el partido para superar la actual crisis –la mayor de su historia– y mantenerse como opción en las próximas elecciones.
Palma César y sus colaboradores presentarán sus resultados para la reforma estructural del partido, su programa y principios, que se debatirán en una asamblea nacional prevista para principios de 2019. En su primer borrador destacan las críticas a Peña Nieto, así como a Enrique Ochoa Reza y René Juárez Cisneros, quienes estuvieron al frente del partido durante la campaña electoral.
“Desde su inicio –dice el documento consultado por Proceso–, el gobierno federal se empeñó en difundir un mensaje con altas expectativas de las reformas estructurales; el partido participó por línea, por disciplina o sumisión, en replicar las ventajas de éstas, y a ambos, la sociedad les cobró factura”.
Sin embargo, añade, esas reformas que se ofrecieron como “mejor educación, gasolina más barata, luz y gas más económicos, mejor seguridad y mejor infraestructura en el país”, no trajeron beneficios; al contrario, la sociedad las vio ejemplificadas en una educación amañada, inseguridad, gasolina, canasta básica y servicios caros.
Unidad rota
Esas reformas estructurales, según el borrador de la Comisión de Diagnóstico, sólo trajeron resultados negativos, pues emanaron de ideas macroeconómicas y excluyeron a las minorías y en términos generales desatendieron lo que la sociedad pedía.
Y añade: “Las reformas estructurales no trajeron beneficios para nadie; la sociedad las ve ejemplificadas en educación amañada, inseguridad, gasolina, canasta básica y servicios más caros. En este proceso el gobierno no pudo y no puede dar una explicación porque no funcionaron, al igual que el PRI.
“Eso generó la mayor desconfianza de la sociedad y las nuevas generaciones dudan que sepamos ser un gobierno de resultados. En general las reformas sólo trajeron resultados negativos y que afectaron el bolsillo de las familias de México”.
Según los redactores del informe, ni Peña Nieto ni el partido han explicado por qué no funcionaron las reformas. Y reiteran: eso generó una mayor desconfianza en la sociedad y hace que las nuevas generaciones “duden que (los priistas) sepamos ser un gobierno de resultados”.
En lo concerniente a la corrupción, advierten, si bien es cierto que los principios éticos como legalidad, lealtad, honestidad, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, congruencia y responsabilidad están contenidos en los estatutos del partido, el problema no estribó en una convicción ideológica ni en la falta de disposiciones normativas, “sino en una percepción de impunidad y falta de rendición de cuentas”.
De ahí su propuesta de elaborar un “reglamento de rendición de cuentas” para autoridades postuladas por el partido y, adicionalmente, demandan que sus dirigentes ser enfáticos en señalar y reprobar cualquier acto de deshonestidad, corrupción o falta de transparencia, en alusión a los exgobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge, respectivamente.
Esos actos de corrupción generaron vergüenza en un sector de la militancia que “permaneció escondida y apenada”, mientras que otra optó por irse a otros partidos.
Fuente proceso.com.mx
