El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, expresó su confianza de que los senadores hayan tomado en cuenta las recomendaciones formuladas por el organismo para garantizar el respeto a derechos humanos en las leyes secundarias de la Guardia Nacional.
Tras señalar que la CNDH no tuvo acceso a las iniciativas de las leyes nacionales sobre Registro de Detenciones y Uso y Regulación de la Fuerza, ni de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, el ombudsman nacional valoró como positivo que se lograran acuerdos entre las diferentes fracciones políticas del Senado.
Entrevistado antes de participar en la presentación del libro “La Libertad de Expresión”, en las instalaciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), resaltó que en el debate había preocupación “por establecer mayores garantías para que haya un carácter eminentemente civil” al frente del nuevo cuerpo de seguridad, y la CNDH –dijo– entregó documentos técnicos en ese sentido.
“Yo confío que en este consenso las fuerzas políticas del país representadas en el Congreso hayan llegado a la conclusión de este espíritu de adscripción totalmente civil. Que la perspectiva sea ese adoctrinamiento civil”, señaló González Pérez.
Tras insistir que no tuvo conocimiento previo de los proyectos de ley, insistió que pese a ello “presentamos nuestras consideraciones”.
De igual manera resaltó que, en el caso de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, entre las consideraciones que hizo la CNDH resalta que éste “debe tener la inmediatez y oportunidad para evitar posibles ilícitos como torturas o el peor de los flagelos, que es la desaparición”.
En materia de la Ley Nacional del Uso y Regulación de la Fuerza, “hay un precedente a partir de que la CNDH interpuso la acción de inconstitucionalidad (…) y la (Suprema) Corte (de Justicia de la Nación) dio parámetros que, confío, hayan sido tomados en cuenta”, apuntó.
El ombudsman resaltó que incluso en materia de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional se recomendó que “el personal que se incorpore de origen militar tenga la separación debida, para garantizar el perfil civil”.
Y lamentó que no se llevara a cabo el parlamento abierto, como solicitaron defensores de derechos humanos, aunque reconoció el consenso político.
“Las fuerzas políticas llegaron a un consenso, esperamos que éste responda a las legítimas demandas de la sociedad civil, de la academia y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, concluyó.
Fuente;Proceso.com.mx
