Un juez de lo penal absolvió la tarde del lunes pasado al profesor Óscar Hernández Neri, opositor a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, quien permaneció durante cuatro años y siete meses recluido en el penal Molino de Las Flores ubicado en Texcoco.
El activista fue acusado de homicidio calificado por la muerte en 2007 de una profesora de posgrado que era su compañera en el doctorado del Colegio de Posgraduados de Texcoco.
El expediente del crimen fue consignado hasta septiembre de 2011, y en mayo de 2012 se giró orden de aprehensión contra Hernández Neri, quien fue detenido la noche del 30 de abril de 2014, tras concluir su jornada laboral en la preparatoria 55 de San Vicente Chicoloapan, donde se desempeñaba como director.
Al salir de prisión, Hernández Neri insistió en que el delito de que se la acusó fue fabricado para detener su lucha contra la reforma educativa.
Además, llamó a que no se use más el sistema judicial como instrumento político y exigió la libertad de quienes se encuentran en las mismas condiciones en el país y el estado, como los seis indígenas nahuas de Tlanixco, comunidad de Tenango del Valle, sentenciados a más de 50 años de prisión por defender su derecho al agua de los intereses de empresas florícolas de Villa Guerrero.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y el Frente Mexiquense para la Defensa de una Vivienda Digna (FMDVD), quienes pugnan por la libertad de los presos de Tlanixco y del activista José Humbertus Pérez Espinoza, respectivamente, se congratularon por la libertad de Oscar Hernández Neri y confiaron en que pronto ocurra lo mismo con los 15 encarcelados que reconocen como presos políticos en el Estado de México.
Además de ellos, demandan la liberación de ocho comuneros de Salazar, municipio de Lerma, acusados de robo con violencia y lesiones por un abogado que pretendió despojarlos de uno de sus terrenos.
Liberar a presos políticos, mandato de AMLO
El 28 de agosto pasado, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a Esteban Moctezuma, quien se perfila como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a poner en marcha un procedimiento para liberar a los maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) encarcelados por motivos políticos.
El 30 de octubre, Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, anticipó que el 1 de diciembre se anunciaría la liberación de los primeros presos políticos: cinco maestros vinculados con la CNTE.
Además de Hernández Neri, el 23 de mayo de 2013 fueron recluidos: Sara Altamirano Ramos en el Centro Federal de Readaptación Social 4 El Rincón, en Tepic, Nayarit; Lauro Atilano Grijalva, Leonel Manzano Sosa y Damián Gallardo, en Puente Grande, Jalisco, acusados de secuestro y delincuencia organizada por su presunta participación en el plagio de dos sobrinos del entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, ocurrido el 14 de enero de ese año en Oaxaca.
Fuente proceso.com.mx
